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Acción contra el Hambre defiende el Fondo Social Europeo como garantía de inclusión y derechos sociales en la Unión Europea

Prensa
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  • Acción contra el Hambre alerta sobre la erosión del Fondo Social Europeo+, principal herramienta comunitaria de inclusión y lucha contra la pobreza, en la propuesta de nuevo presupuesto europeo 2028-2035.

  • La organización reclama mantener un FSE+ independiente, con financiación suficiente y gestionado bajo el actual modelo común europeo, frente a la propuesta de integrarlo en grandes planes nacionales y regionales ejecutados por los Estados miembro.

  • Acción contra el Hambre advierte de que reducir el presupuesto del FSE+ de 142.700 millones a 121.000 millones de euros, y eliminar su gobernanza compartida podría dejar las políticas sociales dependientes de     a intereses políticos nacionales y contextos electorales.

 

Cada siete años, la Unión Europea define su presupuesto a través del Marco Financiero Plurianual (MFP), donde establece sus prioridades políticas, sociales y económicas. En 2025, la Comisión Europea presentó una propuesta de MFP para el próximo periodo 2028-2035 con el presupuesto más amplio de la historia de los veintisiete: más de dos billones de euros.

Sin embargo, este borrador llega en medio de un contexto internacional marcado por los conflictos geopolíticos, los desafíos en materia de seguridad y las nuevas prioridades estratégicas, por lo que el foco del nuevo MFP se sitúa en la seguridad, defensa y competitividad económica. Y, aunque desde la Comisión se explica la reestructuración de los fondos comunes como una apuesta hacia la flexibilización y la simplificación, ya son varias las organizaciones y entidades sociales que advierten de los peligros de debilitar herramientas presupuestarias sociales, como el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Una de estas entidades es Acción contra el Hambre, que gracias a la dotación y al actual modelo de gestión del FSE+, durante los últimos años ha desarrollado programas de empleo, emprendimiento y acompañamiento, llegando a más de 50.000 personas en España: jóvenes, personas desempleadas de larga duración, familias en situación de vulnerabilidad, mujeres, personas migrantes y mayores de 50 años, impulsando la inserción sociolaboral y la seguridad alimentaria.
 

¿Qué cambios trae el nuevo MFP? 

La reestructuración planteada en la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2035 presenta tres grandes bloques presupuestarios:

  • Planes de Asociación Nacionales y Regionales (PANR), donde se integraría el actual FSE+, pasando a un marco de gobernanza menos específico y ejecutado      por los gobiernos de los Estados y no directamente por las organizaciones sociales     
  • Fondo de competitividad, que incluye la digitalización, la defensa y la transición verde, entre otros.
  • Otros programas europeos, como el programa Erasmus+ y herramientas que fomentan la participación ciudadana.

Acción contra el Hambre señala que esta transformación representa un riesgo directo para la política social europea, ya que diluye la independencia y el enfoque específico del FSE+ dentro de un paquete presupuestario más amplio que podría estar sujeto a prioridades políticas nacionales.
 

¿Qué implican estos cambios? 

En un momento en el que más de 93 millones de personas en Europa se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, la entidad recuerda que el Fondo Social Europeo + no es únicamente una herramienta presupuestaria, es uno de los pilares sobre los que se construye la propia Unión Europea.

Así lo recoge el Artículo 2 del Tratado de Lisboa, firmado por los 27 en el año 2007: “La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales”, para lo que el Artículo 162 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece la creación de un Fondo Social Europeo destinado a mejorar las oportunidades de empleo, favorecer la movilidad profesional y reforzar la adaptación de las personas trabajadoras a los cambios económicos y sociales. 

“El Fondo Social Europeo forma parte de la raíz del proyecto europeo: poner a las personas en el centro. Europa no puede renunciar a aquello que la define como modelo político y social”, apuntan desde la organización.

Y es que, según subraya Acción contra el Hambre, la inversión en inclusión sociolaboral no solo protege derechos fundamentales establecidos por la Unión, sino que resulta económicamente más eficiente que asumir los costes provocados por la pobreza, la exclusión o la desigualdad estructural. Por eso, ante la reducción del presupuesto asignado al FSE+ –que pasaría de 142.700 millones de euros en el periodo 2021-2027, a 121.000 millones entre 2028 y 2035– la entidad reclama que se mantenga la actual financiación destinada a inclusión social.

Además, la organización alerta que la desaparición de un marco común de gestión de los fondos sociales (según la nueva propuesta de MFP, ya no sería la Comisión Europea la encargada de administrar el presupuesto asignado al FSE+) podría romper con el principio de política común europea, dejando en manos de cada Estado miembro la definición de prioridades y reduciendo las garantías compartidas de protección social.

Para Acción contra el Hambre, esta situación podría provocar que las decisiones sobre inversión social quedasen condicionadas por coyunturas políticas nacionales y periodos electorales, debilitando la visión común europea y dejando fuera a entidades sociales especializadas en la ejecución de los fondos. 

“Las entidades sociales aportamos un conocimiento técnico, proximidad y capacidad de adaptación a las personas en situación de mayor vulnerabilidad que las administraciones públicas, por sí solas, difícilmente podrían alcanzar. Debilitar este modelo supondría perder eficacia precisamente allí donde más se necesita”, subrayan en la organización.

Desde 2025 y hasta finales de 2026, las negociaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo seguirán adelante para elaborar la versión definitiva del Marco Financiero Plurianual, lo que va a determinar el papel de la inversión social y la independencia del FSE+ en la Europa de la próxima década.

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