Humanitarios, más necesarios (y amenazados) que nunca
Las necesidades humanitarias aumentan y los ataques a civiles no cejan, en violación del Derecho Internacional Humanitario. Por un lado, en 2015 se produjeron simultáneamente seis crisis de nivel 3, el de máxima gravedad en la clasificación realizada por las Naciones Unidas: en Siria, Yemen, Iraq, Sudán del Sur, República Centroafricana y Filipinas. Por otro, los secuestros de personal humanitario están aumentando en los últimos años. En el primer semestre de 2016 se han registrado 74 secuestros de profesionales humanitarios y 127 han perdido la vida (entre ellos un trabajador de Acción contra el Hambre en Juba), según datos provisionales recogidos por Insecurity Insight.
“Tras la cifra record de 474 víctimas alcanzada en 2013, las organizaciones humanitarias hemos visto comprometidas nuestras operaciones en algunos de los contextos más peligrosos y en muchos casos nos hemos visto obligadas a reducir nuestras operaciones y personal”, asevera María Fuentenebro, responsable de Seguridad en Acción contra el Hambre.
Según una encuesta recogida en el informe “Estado del sistema humanitario 2015”, elaborado por la red ALNAP y presentado en España por Acción contra el Hambre el pasado mes de abril, entre 2012 y 2015 aumentó la percepción de riesgo entre los actores del sistema humanitario acerca de su capacidad para llevar ayuda a poblaciones que viven en contextos de conflicto. El mismo informe recoge que el sistema humanitario internacional tiene más capacidad que nunca en términos de recursos humanos y financieros (en 2014 lo componían 4480 organizaciones y un gasto de 20.000 millones de dólares) pero no logra satisfacer la creciente demanda mundial de asistencia humanitaria. “Cabe plantearse si el diseño actual ha llegado a su límite y es necesario reconfigurar el sistema para ampliar su escala”, aseguraba durante la presentación en Madrid del informe, John Mitchell, uno de sus autores.
“Los obstáculos políticos, logísticos y de seguridad suponen un desafío constante para acceder a las víctimas de desastres naturales o de conflictos. Estos impedimentos son especialmente complejos en emergencias donde la acción de grupos rebeldes o terroristas supone un reto para el acceso seguro del personal humanitario y sus operaciones a las víctimas y, por ende, de éstas a la ayuda. Es importante destacar que para el personal humanitario la aceptación y percepción que las comunidades y actores tienen sobre sus proyectos son elementos esenciales para garantizar su seguridad y la de los beneficiarios en su conjunto. En un día como hoy es importante alertar de la importancia de las soluciones políticas para poner fin a las crisis humanitarias que asolan el planeta”, explica Fuentenebro.
Muttur, diez años en la impunidad
El 4 de agosto de 2006, 17 trabajadores humanitarios fueron asesinados en la oficina de Acción contra el Hambre en Muttur. Las fuerzas de seguridad gubernamentales podrían ser responsables del crimen, tal y como se muestra en el informe “La verdad sobre el asesinato de 17 cooperantes en Sri Lanka”.
Tras 12 años trabajando sobre el terreno, Acción contra el Hambre salió del país. Estos asesinatos no sólo acabaron con la vida de 17 personas sino que las poblaciones con las que trabajaba la organización también se vieron afectadas y quedaron sin asistencia. Tras los fracasos de los procedimientos nacionales, Acción contra el Hambre reclamó una investigación internacional. En septiembre de 2015, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe sobre los crímenes durante la guerra civil en Sri Lanka. El informe confirmó los hallazgos de la organización en el caso de Muttur, denunciando el papel de las fuerzas de seguridad y poniendo de relieve las amenazas contra las familias y los testigos. El Consejo de Derechos Humanos requirió la creación de un tribunal especial formado por miembros internacionales. Actualmente, el gobierno de Sri Lanka continúa desafiando estas recomendaciones y en su lugar propone la creación de un tribunal sobre crímenes de guerra exclusivamente nacional.
La organización demanda la creación de un relator especial sobre este tema en las Naciones Unidas.
